Principio de economía procesal: qué es, características y relevancia

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Principio de economía procesal: qué es, características y relevancia
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El principio de economía procesal se aplica a la ejecución de procesos jurídicos y se refiere principalmente a que, cuando es llevado un acto judicial contencioso, es necesario evitar que por actuaciones o acciones innecesarias, una de las partes pretenda alargar o dilatar el proceso o procedimiento judicial. Esto, teniendo en cuanta que retardar el proceso, hace oneroso el acceso a la justicia e implicaría no tan solo un esfuerzo extra, sino también un gasto que probablemente una de las partes no le sea posible afrontar.

¿Qué es el principio de economía procesal?

El principio de economía procesal se reduce al axioma jurídico que establece que en un proceso judicial o jurídico debe de buscarse obtener el máximo resultado posible, con el mínimo empleo de actividad procesal.

En el código procesal civil se señala que el proceso debe de ser llevado a cabo en el menor número posible de actos procesales, y este principio no solo se aplica en el ámbito del derecho procesal civil, sino que se extiende a todas las demás ramas del derecho, como lo son el constitucional, el penal el laboral, etc.

Tomando en cuenta que toda actividad procesal incurre en un gasto económico, que implica a todas las partes, el principio de economía procesal busca que ninguna de las partes trate de alargar el proceso de manera injustificada, ya que esto incurre en gastos para todos los involucrados, incluida la propia autoridad.

El principio de la economía procesal, da todas las herramientas jurídicas para que el proceso sea expedito y se utilicen solamente los recursos, humanos, económicos y materiales; necesarios para llevar a cabo las diligencias necesarias para desahogar el proceso judicial.

Así es posible definir el principio de economía procesal como el conjunto de herramientas y recursos con las que cuenta el poder judicial para realizar los actos procesales, utilizando la menor cantidad de recursos.

Características del principio de economía procesal

El principio de economía procesal tiene dos características principales, la celeridad, la simplicidad y la verdad material. El principio de celeridad evita que se lleven a cabo actuaciones procedimentales innecesarias que den como resultado la dificultad de la obtención de un pronunciamiento en un plazo normal, afectando los derechos humanos de alguno de los involucrados.

Este principio invita al funcionario que revise entre varias alternativas procedentes y que, basado en ellas, opte por aquella que permita que el proceso se finiquite lo más pronto posible y de la forma más sencilla posible.

El principio de simplicidad de la economía procesal induce a que la autoridad vea que las acciones judiciales utilizadas para la resolución de controversias sean las más sencillas posibles y que den un resultado adecuado con base a los argumentos presentados, buscando que el tiempo de cada proceso sea mínimo, logrando de esta forma ahorros significativos en la labor de jurisprudencia.

Otras de las características del principio de economía procesal incluyen los principios de concentración y eventualidad que junto con los de simplificación y celeridad permiten lograr un veredicto justo en el menor tiempo posible, al menor costo posible, logrando cumplir el principio que toda legislación busca, con respecto a que la justicia debe ser pronta, expedita y para todos.

El principio de la verdad material establece que la autoridad debe, y tiene la obligación de, agotar de oficio todos los medios probatorios al memento de resolver las controversias con los administradores. Este principio se encuentra fundamentado en el hecho de que en el derecho administrativo no es posible resolver conflictos en privado, sino que todos estos asuntos son de interés y dominio público.

La relación que se da entre el principio de la verdad material y la economía procesal se basa en el supuesto de que la búsqueda de la verdad puede verse limitada por los principios anteriores, es decir, por la reducción de tiempo, dinero y esfuerzo; ya que en la procuración de la verdad, es posible que no sea posible economizar en los procesos administrativos.

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Sin embargo, la aplicación de este principio no debe de considerarse como una excusa para no cumplir con la economía procesal, ya que el simplificar el proceso significa eliminar la carga que la documentación y/o actuación innecesaria que no aporta ningún criterio que afecte el resultado del proceso, ya que no se está eliminando la realización de las diligencias necesarias que traigan como consecuencia el logro de un pronunciamiento, acorde al derecho y a la realidad.

Relevancia del principio de economía procesal

La relevancia del principio de economía procesal estriba en que su principal objetivo es el de evitar que se realicen actuaciones innecesarias que tengan la finalidad de dilatar el proceso o procedimiento, ya que lo que este principio busca, es el agilizar el proceso y, de forma pronta y expedita, el logro de una justicia oportuna, que se encuentre al alcance de todos los individuos; evitando que un pronunciamiento no se dé en un plazo normal.

Es muy importante resaltar que este principio no solo delimita al derecho civil, sino a todas las ramas del derecho.

Uno de los aspectos más relevantes de la economía procesal es el ahorro en dinero, tiempo y esfuerzo, que se consigue al aplicarlo en los actos de jurisprudencia, lo que trae beneficios para todos los actores involucrados en un acto procesal.

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Con la economía procesal por una parte la autoridad ahorra tiempo y recursos que pueden ser utilizados para desahogar otros expedientes que se encuentren pendientes, permitiendo atender más casos en el mismo tiempo; por otro lado, los ciudadanos que se encuentran inmersos en un acto procesal, se ven beneficiados al tener que ocupar menos tiempo y menos recursos para poder conseguir un veredicto final a sus asuntos, ya que una de las razones por la cual los procesos no son llevados a cabo hasta su término, es que durante el tiempo que el proceso dura es posible que se agoten los recursos de una de las partes, siendo beneficiado el que cuenta con mas tiempo y recursos económicos para poder afrontar procesos judiciales de largo plazo.

Antes de que existiera la economía procesal, el hecho de dilatar los procesos judiciales era una estrategia utilizadas por las personas que más recursos tenían, ya que de esta forma buscaban que la contraparte agotara sus recursos pagando abogados y gastos del proceso, por ende, se retirara del proceso, no lográndose el principio de otorgar justicia a todos sin importar su posición social y económica.

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